«No hay radicada ninguna denuncia hostigamiento o malos tratos que los ambientalistas denuncian en sus redes sociales”

Si bien desde los primeros arrestos luego de los hechos del sábado, grupos ambientalistas denuncian
avasallamiento de derechos, el fiscal Hugo Costilla aseguró que no se han presentado denuncias
formales de la situación.
“Hasta el momento no hay radicada ninguna denuncia por el hostigamiento o malos tratos que los
ambientalistas denuncian en sus redes sociales y a través de comunicados”, armó Hugo Costilla a
Catamarca12. El fiscal informó que en caso de radicarse alguna denuncia será cuestión de identificar a
quienes hayan incurrido en los hechos: “al no existir denuncia concreta o conocimiento directo de
testimonios, la fiscalía no puede tampoco actuar de ocio”, explicó.
Costilla confirmó la detención de los restantes cinco imputados durante la jornada de ayer, once en
total. El jueves se había confirmado la detención de seis de ellos, dos de los cuales se encuentran bajo
la modalidad de prisión domiciliaria: Aldo Flores y Sara Fernández. Los detenidos de ayer son una
mujer y cuatro hombres que se encontraban en calidad de arrestados, que tiene el mismo efecto
práctico que una detención.
El funcionario judicial adelantó que los implicados pidieron una prórroga para la realización de
pericias informáticas en los celulares y otros dispositivos secuestrados, para proponer peritos de
parte. Durante el transcurso de la semana se estaría llevando a cabo el peritaje en el laboratorio
forense de la capital de Catamarca.
Mientras tanto, resta la inspección judicial en otras pruebas tenidas en cuenta, como grabaciones y
videos. El fiscal informó, además, que las pericias pueden durar de tres a 48 horas dependiendo del
dispositivo. El peritaje consiste en introducirse en la información de las últimas horas del aparato, y
permite incluso rescatar accesos, mensajes o ingresos a búsquedas de borrados. El objetivo es
determinar si hay datos que involucren a los detenidos en la organización de los hechos, si hubo una
planificación. Durante la semana se va a pedir además a las empresas celulares que brinden
información de llamadas y mensajes de los aparatos de los acusados.

A los últimos detenidos se les imputa el delito de estrago doloso, que implica penas de tres a diez
años. Para poder ser imputados, el Código Procesal Penal de Catamarca requiere que se les realicen
además pericias psiquiátricas, que se harán en los próximos días.
Si bien la mayoría de los implicados aparecen en los videos con la cara tapada y barbijos, se están
realizando las comparaciones de ropa y otros elementos personales de los momentos previos a la
marcha. Basándose en eso se verá si siguen surgiendo más imputados de los que ya están.
Según el Código de Procedimientos, recién en diez días se podría solicitar la prisión preventiva, sin
resguardo de que puedan surgir otros implicados de la extracción de contenidos de los dispositivos.
Personas que aunque no aparezcan en el video o no se las pueda identificar por tener la cara cubierta,
puedan tener alguna participación en los hechos de manera presencial o no.
Los hechos en cuestión son el incendio provocado en oficinas de minera Agua rica Alumbrera, la
explosión de cinco vehículos, y los daños inferidos en la sede del PJ de Andalgalá.
El Partido Justicialista presentó una acusación en contra del intendente Eduardo Córdoba por
instigación al delito.
Los apoderados al frente de las denuncias creen que por como sucedieron los hechos pudo haber una
zona liberada. La acusación es por supuesta instigación al delito. Conforme al artículo 45 del Código
Penal, tiene la misma pena que el autor de los delitos cometidos.
Se confirmó además otra denuncia del PJ para que se investiguen los hechos, que a través de sus
apoderados Laureano Palacios y Hugo Emanuel Olmos, se constituyeron en querellantes particulares
por los hechos acontecidos en el inmueble alquilado por el PJ.
El diputado provincial Augusto barros se refirió a la denuncia: “Esto se decidió luego de una reunión
con todos los partidos que forman parte del Frente de Todos, ya que la sede funcionó durante la
campaña como espacio de la alianza», dijo.
En la tarde de ayer viernes, la Asamblea El Algarrobo realizó una conferencia virtual. Rosa Farías,
vecina de Andalgalá, integrante de la Asamblea, contó que “desde 1998 estamos luchando, cuando nos
dimos cuenta de qué era la megaminería ya tenía tres años trabajando Minera La Alumbrera”.
“Con Alumbrera nos decían que iban a hacer barrios, hospitales, que iba a venir un tren de cargas… Ya
llega el tren, ya llega el tren, nos decían. Entonces fuimos con chicos, con banderas de Argentina, y de
pronto llega solo una máquina, y nunca más llegó nada. Y nunca se cumplió ninguna de las otras
promesas. Se empezaron a meter en nuestras escuelas –a veces nos hacían formar para recibir mapas
o útiles que llevaba la minera-, clubes de jubilados, hasta que alguien nos dijo que eso formaba parte
de la responsabilidad social empresaria, y que con eso les hacían quita de impuestos. Un 14 de
diciembre, cuando sabíamos que iba a llegar un nuevo proyecto, cruzamos la bandera para que no
pasen. Este proyecto al que nos oponemos hace diez años es a quince kilómetros nuestro, con el
agravante de que es en la cuenca del río Andalgalá, sobre el río Minas”, dijo.
Ana Katz, abogada de la causa, aseguró que “ante la duda se tiene que adoptar el principio de
precaución. Violando la Ley de Glaciares y la de bosques, aprueban las exploraciones. Hay dos
inspecciones que dan cuenta de la existencia de los glaciares, el Ministerio de Minería de la provincia
reconoce que para poder dar cuenta de la extensión periglaciar, se necesitarían estudios de entre dos
y tres años, pero que esto no obsta a que se autoricen las exploraciones. Para nosotros ese ‘no obsta’
es un principio violatorio de la Corte de Justicia de la Nación”. Leer más Un hombre mató al menos a
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Por su parte, la Cámara Minera de la Provincia de Catamarca, expresó “total y absoluto repudio ante
los hechos sucedidos. Creemos que estos hechos no ayudan a promover el diálogo inclusivo o a
resolver cualquier tipo de diferencia. Estamos convencidos que el desarrollo Minero con su debido
compromiso y responsabilidad es la solución para seguir generando fuentes de trabajo genuinas”,
aseguró.
En tanto, grupos ambientalistas se expresaron en contra de la comisión de Derechos Humanos del
gobierno: “Queremos denunciar y repudiar los dichos del director de DDHH de la provincia, Hernán
Velardez Vaca, y las autoridades provinciales que viajaron a Andalgalá.
Según indicaron, los funcionarios “constataron que durante el alojamiento en la comisaría no
sufrieron malos tratos, pero omiten absolutamente nombrar las violencias y malos tratos ejercidos
sobre los compañeros durante los allanamientos y detenciones, e incluso durante la estadía en la
comisaría que implicó la privación ilegítima de la libertad”.
Desde el movimiento Pucará Pueblos Catamarqueños aseguraron que “en estos procedimientos
golpearon, esposaron y tiraron al piso a algunos detenidos. Les apuntaron con armas, los golpearon
en el rostro y ejercieron patadas en el abdomen”.
Además, detallaron que “las revisiones médicas fueron infisucientes, teniendo que intervenir para que
luego de 48 horas llevaran a uno de los detenidos al hospital a realizarle estudios por los golpes
propinados por los grupos de choque durante las detenciones”.

Para el grupo, “volver a la ciudad a decir que no hubo malos tratos, es negar la violencia sobre las y los
compañeros detenidos. Es omitir que se les negaron a las asambleístas las garantías mínimas,
violando los procedimientos legales dispuestos para las detenciones”.

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